Queridos Lectores:

Estamos en verano, una estación que es de mucho trabajo para los hispanos inmigrantes, que han venido a laborar para ayudar a sus familias. Esta estación es quizás una de las que más trabajo ofrece y por eso la demanda de horas laborales aumenta.

Y en medio de esta dinámica laboral que incluye a cientos de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, quiero detenerme para hablar de un tema que sigue siendo noticia: “las deportaciones”.

Hoy el tema ha tomado un nuevo matiz, pues desde que se planteó la problemática de las familias que perdieron a sus seres queridos en la redada de la empresa Del Monte en Portland, el tema ha sido el mismo y cobra vigencia cada día.

La incertidumbre de los familiares, de las esposas, de los hijos y sobre todo, la falta de información de quienes han vivido la situación, tanto en la celda de detención como fuera de ésta, sigue siendo el tema de quienes ayudan a los inmigrantes.
La situación es compleja, pues plantea indudablemente la necesidad económica de quienes arriesgando sus vidas, han llegado a este país en busca de un trabajo. Si miramos los testimonios de las personas detenidas en Del Monte, el pasado 12 de junio, vemos que todos, sin excepción eran inmigrantes trabajadores.

El día de la redada, salieron como de costumbre desde sus casas para cumplir una jornada laboral. Infortunadamente, las autoridades migratorias llegaron y los tomaron por sorpresa.
Muchos fueron detenidos y llevados a Tacoma y otros se quedaron en Portland.

Las mujeres que tenían niños, fueron puestas en libertad la misma semana de la redada, pero desde entonces se han visto sometidas al control migratorio, que les impuso llevar “la tobillera” electrónica que sirve para detectar si han dejado su casa durante el día.

La detención domiciliaria es la forma en que las autoridades migratorias han controlado cada caso. Estas madres tienen que permanecer en casa, con sus hijos, sin poder salir a trabajar. Lo mismo sucede con los hombres que han sido puestos en libertad.

Pero cuando los hispanos tienen que enfrentar la detención domiciliaria, y de paso su situación legal frente a las autoridades migratorias, surge el problema real.

Cuando digo que el “problema real” me refiero primero a la falta de información sobre cómo actuar.
Uno de los casos que hemos publicado en El Centinela, es el de la familia de Luis García, esposo de Ivonne. Ellos son un claro ejemplo de la situación. El esposo no regresó a su casa. La esposa, quedó desamparada y sin saber qué hacer.
Ella asistió a las reuniones de las iglesias católicas, que como San Andrés en Portland, fueron el centro de reunión para brindar ayuda a las víctimas.

Gracias a las gestiones de la familia, y al trabajo arduo, se lograron conseguir los US $5.000 dólares de la fianza. Luis García fue puesto en liberdad, cuando él mismo ya había perdido las esperanzas.

El testimonio de Luis García deja claro que se vive una desinformación total. Dentro y fuera de la cárcel.
Al cierre de esta edición, él se había comunicado con varios abogados de inmigración, gracias a la lista que obtuvo su esposa en las reuniones de las iglesias. El estuvo llamando cada día, sin encontrar un abogado que lo pudiera ayudar.

Nosotros en la sala de redacción de El Centinela tratamos de ayudarle también, pues pienso que nuestra función no sólo es informativa. Finalmente, él encontró a un abogado con quien podría hablar de la situación.

Su caso puede ser el de muchos inmigrantes ilegales. Luis estuvo trabajando con un número de seguro social que no era el suyo. Hace un tiempo, en vista de la necesidad de conseguir un trabajo para ayudar a su familia, él decidió utilizar el número de seguro social de su hijo. Los dos tienen casi el mismo nombre y su hijo nacido en este país, tiene un número legal que servía para trabajar, si se puede decir de cierta manera.

En el momento de la redada, las autoridades migratorias, después de interrogar a cada persona, buscaron en la base de datos, la información para comprobar si los números de seguro social eran válidos para trabajar.

En muchos casos estos números no correspondían a las personas que los utilizaron, como es el caso de Luis. Este delito, es catalogado como fraude al seguro social y se paga con cárcel en caso de que se pruebe la culpabilidad.

Por eso es importante, reconocer las consecuencias que tiene utilizar un número de seguro social que no corresponde o en otros casos un número de seguro social falso.

Cuando vemos la forma cómo fueron sacados los hispanos de la empacadora Del Monte el día de la redada, uno se queda pensando en la situación. Cada detenido fue encadenado, no sólo en sus manos, sino en sus pies y en la cintura. Luis García describió esto como algo “humillante” y estoy segura que cada uno se sintió así.

De otra parte, en el momento de los interrogatorios, muchos se burlaron de los hispanos y en otros casos, les faltaron al respeto.

Al ver, que se trataba de padres y madres de familia, trabajadores y sobre todo, gente humilde en su actitud, uno se queda pensando si las cadenas y el maltrato verbal, es lo que estas personas se merecen.

Yo estoy segura que no es lo que se merecen. Pero ante los ojos de quienes hoy quieren aplicar la ley y sobre todo, castigar a quienes no la han cumplido en materia migratoria, estos padres de familia, o estas madres trabajadoras, son ante las autoridades migratorias: criminales.

Por eso las cadenas, los interrogatorios inmisericordes, las malas palabras y la falta de respeto.
En cada testimonio esto ha surgido. Y lo que da tristeza es que no hay una luz de esperanza. Al dejar el centro de detención, cada persona de hecho ya tiene una cita en la corte, para explicar ante el juez su situación particular.
La deportación es quizás el punto final de cada historia.

Por eso quiero resaltar el trabajo adelantado por el Programa Hispano de Caridades Católicas, que ha tomado el liderazgo desde el día de la redada, para ayudar a las víctimas.

En las iglesias se han realizado diferentes reuniones, y los hispanos han podido encontrar, primero una palabra de consuelo. Segundo, orientación en diferentes aspectos: nombres de abogados, cómo actuar en caso de una redada o en caso de que las autoridades migratorias lleguen a casa, cómo prepararse para vivir una situación como ésta y a dónde recurrir.

El interés del Programa Hispano de Caridades Católicas se ha encaminado principalmente a informar a cada persona de la comunidad.

El año pasado hablábamos del caso de Luis Díaz, que enfrentó la deportación de su familia a Guatemala.
Hemos visto a Luis Díaz en las reuniones de las iglesias, en la marcha de hace unas semanas en el centro de Portland, para detener las deportaciones. El ha estado allí porque sabe perfectamente de qué se trata esta situación y el dolor que representa separarse de su familia.

En el caso de las víctimas de Del Monte, ya algunos han sido deportados. Otros, los que esperan la cita en la corte, aún no saben qué va pasar. A lo mejor tendrán que enfrentar la deportación. Y si se llega a presentar esta situación, pues es toda una familia la que se verá afectada. Como en el caso de Luis Díaz.

Yo he querido utilizar las páginas de El Centinela, para contar las historias y mostrar de alguna manera, lo que pasa a los inmigrantes hispanos que tienen que enfrentar la ley por ser ilegales.

Cada caso es particular. Cada caso tiene una historia de vida. Cada caso muestra una realidad. Pero al final, las historias llegan al mismo punto: “la necesidad de un trabajo para salir adelante”. Por eso, veo la necesidad imperiosa de estar informados, de estar concientes del peligro que se corre en el momento de una detención. Parece mentira, pero esto puede pasar en cualquier momento.